¿Mano dura en el alperovichismo? Un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán con el fin de combatir la inseguridad en las escuelas y colegios de la provincia promete generar un debate respecto de si esta clase de normas son efectivas o no para evitar atracos.

Con la legislación actual, los vándalos que dañan o sustraen objetos de los edificios educativos están expuestos a recibir una pena condicional, menor a cinco años, y por lo tanto excarcelable. Pero dos legisladores del bloque oficialista Tucumán Crece formularon una iniciativa para que los sospechosos de esa clase de delitos puedan ser enviados al penal de Villa Urquiza, con prisión preventiva, si así lo decide el juez de Instrucción que entienda en la causa.

La propuesta de Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad de la Cámara, y José "Gallito" Gutiérrez, vicepresidente del bloque oficialista, consiste en la incorporación de un inciso al artículo del Código Procesal Penal de Tucumán que prevé las causales para la prisión preventiva.

Así, los alperovichistas proponen que el magistrado pueda enviar a la cárcel de manera provisoria a un sospechoso "(...) cuando, aún resultando procedente la condena de ejecución condicional, se tratare de los delitos previstos en los artículos 162; 163 incisos 2, 3 y 4; 164; 167 incisos 2, 3 y 4; 183 y 184 inciso 3 del Código Penal (hurtos, daños y otros actos contra la propiedad) y los hechos fueran perpetrados contra establecimientos educativos de cualquier nivel, ya sean públicos o privados".

Los fundamentos

La iniciativa no contiene otros artículos, pues se trata de una modificación. Sin embargo, en los fundamentos del proyecto, los parlamentarios alperovichistas dejaron en claro su preocupación con respecto "a una sucesión de hechos vandálicos perpetrados contra establecimientos educativos". "Ante esta realidad, no podemos permanecer impávidos; debemos dar un mensaje claro y concreto a la sociedad: no queremos hipotecar nuestro futuro; tenemos que asegurar y proteger la educación la de nuestros hijos", indica el texto elaborado por Vargas Aignasse y Gutiérrez.

Quizás previendo la posible polémica que pudiera generar el proyecto, los parlamentarios aclararon que se mantienen "las garantías de que gozan los imputados en el proceso penal". Sin embargo, insistieron en que aquellos derechos deben "ser comprendidos (...) en el marco de un contexto social". "Entiendo que deben ser interpretados y legislados a la luz de otros derechos, también reconocidos constitucionalmente, como lo es el derecho de enseñar y aprender, establecido por el constituyente de 1853 y que forma parte de la dogmática de nuestro ordenamiento constitucional", indicó la dupla alperovichista.

La iniciativa fue presentada ayer en mesa de entradas de la Legislatura, y todavía no cuenta con dictamen en la comisión de Seguridad y Justicia. Como Vargas Aignasse es presidente de ese comité, se descuenta que el tema estará en la agenda de las próximas reuniones.